En abril 2014 el Parlamento y el Consejo Europeo aprobaron la Directiva 2014/40/UE sobre productos de tabaco, con el fin de reducir la carga de morbimortalidad del tabaquismo en Europa, actualizando las normas sobre el etiquetado de productos de tabaco, aditivos, e introduciendo ciertos aspectos regulatorios del cigarrillo electrónico.
Los estados miembro adquirían la obligación de adoptar las exigencias de la directiva mediante su transposición a su propia legislación antes del 20 de mayo de 2016. Más allá de las normas de obligado cumplimiento, la directiva dejaba la puerta abierta a los estados miembro a introducir avances adicionales en la prevención y control del tabaquismo, oportunidad que han aprovechado varios países vecinos. Valga el ejemplo de Francia, en septiembre de 2014 Marisol Touraine, entonces ministra de Sanidad, lanzaba su Plan Nacional de Reducción del Tabaquismo, con tres ejes principales: evitar el inicio de los jóvenes, mejorar la ayuda al fumador para el cese del tabaco, y optimizar las políticas de control del tabaquismo introduciendo el paquete neutro de tabaco. El objetivo de fondo de este proyecto ya en marcha es avanzar hacia la primera generación sin tabaco en Francia.
En España, a los profesionales sanitarios nos hubiera gustado que la obligada transposición de la Directiva Europea de Productos de Tabaco 2014/40 se hubiera traducido en un plan nacional de prevención del tabaquismo, que introdujera avances reales para acotar la epidemia de tabaquismo en nuestro país, y reducir así la importante carga de enfermedad y muerte prematura que acarrea. No obstante, el Gobierno ha optado por dejar pasar el tiempo y transponer la directiva con un año y medio de retraso, mediante un Real Decreto-Ley “de mínimos”, que deja muy poco espacio al debate y desoye las peticiones del colectivo sanitario y organizaciones ciudadanas que solicitaban introducir avances reales en el control del tabaquismo en nuestro país.
España está entre los países europeos con mayor prevalencia de fumadores, es el país europeo con la edad de inicio más precoz, y acumula más de 52.000 muertes al año relacionadas con el tabaquismo, muchas más que los accidentes de tráfico. Por otro lado, la prevalencia del consumo de cannabis es de las más elevadas entre los adolescentes españoles, y su patrón de consumo en nuestro país va directamente ligado al de tabaco. Son razones más que suficientes para apostar por reducir esta epidemia mediante un esfuerzo constante.
Es cierto, como dijo la ministra de Sanidad en el Congreso, que España es de los países más longevos del mundo. Pero la longevidad se trabaja desde la infancia y la adolescencia, mediante políticas que promuevan estilos de vida saludables. El tabaquismo sigue siendo nuestro principal problema de salud pública, y los profesionales sanitarios también queremos avanzar hacia la primera generación sin tabaco. Nuestras autoridades sanitarias deben comprender que la autocomplacencia no nos conducirá a ese objetivo, y que de ellos se espera un interés mayor por reducir esta epidemia.
