La suspensión de cardioversiones eléctricas programadas (CVE) a causa de una anticoagulación inadecuada con acenocumarol no solo genera un gasto sanitario elevado y evitable, sino que también provoca importantes disfunciones en la gestión del sistema. Así se pone de manifiesto en un estudio realizado conjuntamente por médicos del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid) y el Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba), y que tiene como primera firmante a la Dra. María Lourdes Vicent. Además, se pone de manifiesto que existen pacientes con determinadas características (labilidad de INR, recitaciones anteriores, inicio reciente de anticoagulación o disfunción ventricular) que podrían beneficiarse de otro tipo de tratamiento anticoagulante, alternativo a los antagonistas de la vitamina K, previo a un procedimiento de CVE.
Los hallazgos de este estudio confirman los resultados de estudios previos en otros contextos y demuestran que más de la mitad de los pacientes que reciben acenocumarol tienen niveles de anticoagulación inadecuados, a pesar de las mejoras en la monitorización de INR ambulatoria y de la excelente labor de seguimiento realizada por el personal sanitario responsable del mismo.
Un 14% de suspensiones de CVE
Como explica la Dra. Vicent, "el objetivo de nuestro estudio era analizar el coste sanitario derivado de la suspensión de cardioversiones eléctricas programadas a causa de una anticoagulación inadecuada con acenocumarol (Sintrom), y definir características de los pacientes que permitan predecir un peor control de INR antes del procedimiento". Para ello, se diseñó un estudio retrospectivo.
Como principal hallazgo, se ha encontrado que el porcentaje de CVE que se suspenden por un mal control de INR es de un 14% del total, lo que supuso un gasto superior a los 21.600 € en los dos centros participantes (en el año 2014). "Se trata de una población de pacientes de 65 años de edad media, de los cuales más del 35% habían iniciado la anticoagulación el mes previo al procedimiento. Hasta en el 93% la suspensión fue motivada por niveles infraterapeúticos de INR y más de la mitad de pacientes tenían historia de mal control de INR previo", detalla la Dra. Mª Lourdes Vicent.
Según reconocen los autores de este estudio, "la suspensión de CVE programadas supone un gasto sanitario no desdeñable, derivado de la ocupación de salas y recursos humanos que finalmente no son utilizados para el propósito que estaban destinados, lo que deriva en un aumento de la lista de espera de este y otro tipo de procedimientos". Se estima que las demoras hasta la realización de un nuevo procedimiento superan los 50 días, "lo que ocasiona peores resultados del procedimiento de CVE, cuya eficacia se ve mermada al mantenerse la arritmia durante más tiempo", apunta la Dra. Vicent, quien señala también que "esta situación en ocasiones tiene consecuencias médicas graves, incrementado el riesgo de hospitalización, así como provocando una peor calidad de vida en los pacientes que han tenido que aplazar el procedimiento".
Actualmente se están incorporando nuevos datos a este estudio, gracias a la colaboración de otros centros hospitalarios españoles, como el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. "Esperamos poder disponer en el futuro de una base con mayor número de pacientes que nos permita aproximarnos a las dimensiones reales de este problema sanitario", concluye la Dra. Vicent, que recuerda que "la elaboración de protocolos de anticoagulación puede ser de gran ayuda para mitigar el impacto económico y médico de la anticoagulación inadecuada en este contexto".
